Los economistas agrupados en torno a FEDEA, (la Fundación de Estudios de Economía Aplicada) plantean poner patas arriba el mercado de la vivienda. Y, en concreto, proponen cuatro medidas.
La primera, reducir la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler, que actualmente se encuentra entre las más altas de Europa, y fijarla en un año frente a los cinco actuales. Esta reforma, en paralelo, habría que completarla con una modificación legal que permita a los notarios acreditar el incumplimiento en el pago del alquiler y declarar el desahucio del inmueble en caso de que las partes lo hayan acordado así en el contrato de alquiler. Se trataría de un proceso similar al utilizado en las ejecuciones hipotecarias o de prendas.
En segundo lugar, proponen la supresión en todos los subsidios a la compra de vivienda y que se dediquen los recursos obtenidos a financiar temporalmente una desgravación para el alquiler de la vivienda.
En tercer lugar, plantean la necesidad de suprimir las viviendas protegidas en propiedad, es decir, las VPO. Argumentan que en un contexto de exceso de oferta como el actual dedicar recursos disponibles a financiar ayudas al alquiler de la vivienda es mucho más operativo y eficaz para personas con bajos niveles de renta.
En cuarto lugar, se plantea la necesidad de una eliminación o reducción drástica del impuesto sobre transmisiones Patrimoniales. En su opinión, esta medida dinamizaría la compraventa de viviendas y favorecería la movilidad geográfica de los propietarios, sin provocar una caída importante de la recaudación. Por ello, proponen que la pérdida de ingresos por la desaparición de este impuesto pueda compensarse a través de un aumento del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), que podría tener un tramo autonómico pata compensar la pérdida de recaudación de las regiones.
Me gusta la creatividad basada en el análisis y me molesta el “establishment” que nos obliga a no tocar sistemas establecidos. Por eso me gustan estas medidas. Si el mercado está hundido por la quiebra de muchos promotores y constructores, y por la escasez de demanda, están soluciones revitalizarían el mercado. La demanda no va a crecer porque el inversor inmobiliario ha desaparecido y porque la situación económica y el paro impiden a muchas familias acceder a una vivienda. Es el momento de dar un impulso al alquiler.
Y es el momento de eliminar impuestos que lastran este mercado. Y eliminar también las desgravaciones que la favorecen. Porque estas se trasladan al precio. El precio de la vivienda hasta ahora no tenía nada que ver con el coste, sino con el dinero que una persona puede pagar para comprar, con lo que las ayudas encarecen el precio. También habría que controlar a las entidades financieras y a las tasadoras para que no vuelva a ocurrir lo sucedido los pasados años con tasaciones infladas y préstamos por encima del 100% de su valor.
Otra medida que se utiliza en muchos países europeos es la información a las ciudadanos de cuál es el precio máximo a pagar por una vivienda para que interese su compra en vez de un alquiler. Cuando los precios suben demasiado, las familias se decantan por el alquiler y esto se convierte en un mecanismo de control del mercado.
También evitaríamos la corrupción inmobiliaria y política. La construcción no debe ser el motor de desarrollo de un país, debe ser un mercado más, que aporte al PIB pero no la solución ni el futuro económico, y sí que aporte estabilidad económica. Además controlaríamos el dinero que las familias dedican a la vivienda, que podrían dedicar al ahorro o al consumo, partidas vitales en el desarrollo de un país.
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