EL HOMBRE MAS PODEROSO DE ESPAÑA

Estoy indignado por una portada que apareció hace unas semanas en una revista económica “El hombre más poderoso de España” y debajo una foto del Secretario General de la UGT. Que un analista pueda ni siquiera pensarlo ya es tremendo. Si tienen razón es para borrarse del país. Y si no la tienen, que una empresa editorial entre de lleno en una guerra contra los grandes sindicatos, es también para irritarse. Pasemos a analizar un poco los grandes sindicatos españoles.

España reestableció entre 1977 y 1978 el sistema político democrático, un sistema que quería ser como el de los países europeos de nuestro entorno. Un elemento fundamental del papel de los sindicatos en las democracias occidentales es que no son correa de transmisión de los partidos, y menos aún del partido en el poder. No son sus fuerzas de choque, ni sus partidos de la porra, ni sus agitadores. No hay más que recordar cuál era el papel de los sindicatos verticales en el régimen de Franco o de los sindicatos justicialistas en el peronismo para ver las diferencias: los sindicatos en regímenes democráticos son, o tratan de ser, independientes del poder político; cuando aceptan ser apéndices e instrumento de un partido o del gobierno de turno, la naturaleza del sistema cambia y estamos en otro sistema político.

La afiliación sindical es muy baja en España. Los sindicatos no podrían sobrevivir sólo con las cuotas de los afiliados. UGT y CCOO dependen para su supervivencia de las subvenciones (en los presupuestos generales del Estado, de las CCAA, de los Ayuntamientos, de las empresas públicas estatales y autonómicas) y de los incrementos patrimoniales que vienen recibiendo desde hace dos decenios, tanto en concepto de “devolución” por las incautaciones sufridas al acabar la guerra civil, como al parecer (porque toda la cuestión es sumamente opaca), en concepto de patrimonio acumulado “imputado” a las cuotas pagadas por los trabajadores en los años del sindicalismo vertical de Régimen de Franco.

Como sus presupuestos de ingresos y gastos son rigurosamente secretos (nunca los han publicado voluntariamente, y el Tribunal de Cuentas nunca los ha exigido, a pesar de que reciben regularmente fondos y bienes públicos), todo lo que se diga en este terreno es aventurado. Pero aún así, parece que se puede afirmar que, dejando aparte el enorme aparato de “liberados sindicales”, unos 300.000 para toda España de todos los sindicatos, de los cuales más de 200.000 pertenecen a UGT y CCOO, cuyos sueldos y salarios corren a cargo de las empresas, los dos principales sindicatos son, a efectos económicos, literal y estrictamente, parte, aunque sea parte alegal y fantasmal, de la Administración Pública. En el régimen de Franco la cosa era parecida: la Organización Sindical tenía su casa en los presupuestos del Estado.

Desnudo de retórica y de propaganda, el “contrato” pactado entre Rodríguez Zapatero y las cúpulas sindicales de UGT y CCOO puede resumirse en pocas palabras: el Gobierno los financia y les otorga una especie de veto en materia laboral y de negociación colectiva; a cambio, los sindicatos protegen al Gobierno contra organizaciones sindicales y asociaciones díscolas y contra los partidos de la oposición, empezando, naturalmente, por el PP.

Analizando el momento actual: dentro de estas organizaciones, muchos parecen creer, siguiendo todavía a estas alturas a Marx, que el trabajador es la parte esencial de un proceso productivo y que si su precio aumenta, lo hará siempre a costa de los beneficios del capitalista: en su mente, se trata de una simple redistribución de la renta. No entienden que si el coste de los trabajadores aumenta, los empresarios tenderán a utilizarlos menos y si hace falta cerrarán ciertas líneas de negocio. Pues bien, reducir la jornada laboral y mantener los salarios equivale a un incremento enorme de la retribución de los trabajadores. Y si el trabajo se encarece, se utiliza menos. ¿Resultado? Más paro.